Por razones que se comprenderán al leer estas líneas, preferimos preservar nuestras identidades. Lo que expongamos aquí no es un caso aislado, ni una disputa interna más. Es una sucesión de hechos graves, sostenidos en el tiempo, que vulneran derechos y perjudican directamente la calidad educativa y el bienestar institucional.
Desde hace poco más de un año, venimos observando cómo la figura directiva del instituto acumula poder de manera autoritaria, utilizando mecanismos administrativos —como actas y sumarios— para desplazar docentes y presionar estudiantes generando un clima de tensión y desconfianza.
Una de las prácticas más preocupantes ha sido el uso de estudiantes como instrumentos para labrar actas en contra de docentes. En más de una ocasión, compañeras y compañeros han sido citados por la dirección para “firmar” documentos sobre situaciones de aula que, en muchos casos, no eran problemáticas reales, sino construcciones que parecían buscar justificar sanciones. Algunos firmaron sin saber el alcance, otros se negaron. Pero todos y todas sintieron incomodidad, presión y manipulación.
Además, durante horas de clase, se interroga a estudiantes sobre docentes y situaciones personales, afectando el clima pedagógico y generando un ambiente de desconfianza. Esto no solo incomoda al alumnado, sino que también ha llevado a que varios profesores/as se sientan los próximos en ser desplazados. Lo dicen con miedo, con angustia, en charlas privadas que no deberían existir si trabajaran en un entorno seguro.
A esto se suma el hecho de que personal administrativo de la institución también ha sido víctima de violencia psicológica y laboral, según manifestaciones que han llegado a conocimiento de estudiantes por diferentes vías, además de ser visible a la población institucional en general. Su rol administrativo, lejos de ser protegido, ha sido obstaculizado, generando un funcionamiento interno caótico y sin garantías mínimas de transparencia.
En este tiempo, ya han sido desplazadas de sus funciones al menos dos docentes y otras dos por otros procesos que hacen que el resto de los docentes trabajen bajo una amenaza latente de ser los “próximos” sino se alinean a la visión dirigencial. Como estudiantes, exigimos que cada uno de esos casos sea evaluado por autoridades externas competentes, de manera justa, transparente y con posibilidad de defensa. Las decisiones no pueden quedar a discreción de una única autoridad.
Tampoco podemos dejar de mencionar que el Centro de Estudiantes se encuentra desactivado de hecho. Se le ha ocultado su estatuto, y se han bloqueado sus funciones más básicas. Esto atenta contra el derecho a la participación, reconocido en el Decreto 798/86, que regula el funcionamiento de los institutos superiores en Santa Fe.
Ese mismo decreto establece, entre otras cosas por ejemplo (1) que las sanciones a docentes deben tratarse en el Consejo Académico, órgano colegiado con participación estudiantil, (2) que las actas deben reflejar decisiones institucionales, no declaraciones tomadas bajo presión y (3) que el Centro de Estudiantes debe funcionar libremente y con respaldo institucional.
Nada de esto se está respetando.
Incluso, cuando los estudiantes se animan a expresar inquietudes o situaciones que consideran injustas, en más de una oportunidad la misma autoridad ha manipulado a ciertos compañeros/as para silenciar los reclamos o minimizar los hechos. Esto ocurre especialmente cuando el docente cuestionado parece estar «protegido» por la gestión. Es decir, que no solo se persigue a docentes, sino también se frena la posibilidad de que los estudiantes acompañen o denuncien lo que ocurre. ¿Qué busca realmente esta gestión?
Pero además de toda esta dimensión política e institucional, hay una consecuencia directa y dolorosa para los estudiantes de los profesorados: los estudiantes se están quedando sin docentes. Y eso afecta su formación profesional.
Estas carreras que forman a los futuros/as docentes de nivel inicial, primario, secundario y técnico. Hoy, les faltan materias clave, les cambian cátedras sin previo aviso, y sienten que se desvaloriza lo pedagógico como si los profesores/as fueran reemplazables, descartables o incómodos para una gestión.
> El rol docente es enseñar. Y varios/as de quienes fueron desplazados/as y sumando aquellos se sienten señalados lo hacen con compromiso y calidad.
A los compañeros/as estudiantes: nuestros derechos existen, aunque intenten callarlos.
Frente a este panorama, creemos que no podemos quedarnos solo con la indignación. También tenemos que organizarnos, informarnos y reconstruir las herramientas que nos pertenecen. Una de esas herramientas es el Centro de Estudiantes.
¿Qué es el Centro de Estudiantes?
Es el órgano de representación de todos/as los/as estudiantes. Sirve para defender nuestros derechos, organizar reclamos y propuestas, participar en decisiones institucionales y promover actividades académicas, culturales y solidarias.
¿Qué dice el Decreto 798/86?
Que cada instituto debe garantizar el funcionamiento del centro de estudiantes, que el mismo tiene derecho a tener su estatuto, a elegir sus autoridades democráticamente y a ser escuchado y que los estudiantes deben estar representados en el Consejo Académico, donde se discuten temas claves como concursos, sanciones, planificación, etc.
Cuando decimos que el centro de estudiantes está desactivado de hecho, es porque no se los convoca a asambleas informativas, ni hablar de que no hay canales de denuncias anónimas ni acompañamiento, donde se podría tomar decisiones que no afecten a nuestra formación sin consultar al estudiantado.
No queremos callar. Queremos hablar. Queremos visibilizar.
Porque esta institución existe gracias a sus estudiantes. Porque sin estudiantes, no hay escuela. Porque somos nosotros quienes sostenemos esta casa de estudios y merecemos respeto, garantías y participación.
Porque los derechos existen para ser ejercidos, y cuando no se respetan, alguien tiene que estar allí para defenderlos. Y ese alguien también debe ser el Centro de Estudiantes. Que quienes lo integren comprendan que no se trata solo de ocupar un cargo, sino de asumir una responsabilidad. La de velar por el bienestar de todos los compañeros y compañeras.
Hablamos, además, por esas docentes que han sido injustamente señaladas. Hablamos para que no haya más desplazamientos arbitrarios. Hablamos para que se garantice el derecho a enseñar y a aprender con libertad.
Porque necesitamos una formación pedagógica real. Porque en los profesorados se forman los/as docentes del futuro. Y ese futuro necesita personas con conocimientos sólidos, con vocación y con condiciones dignas de estudio.
No es solo por nosotros. Es por todas y todos, y por la comunidad que va a recibir a los futuros profesionales que hoy se están formando en el instituto. Porque el Elisa Damiano puede y debe ser mejor.
Por eso, aunque estas líneas se escriban desde el anonimato, esperamos que al llegar al final se comprenda la razón de hacerlo de manera pública. Lo que buscamos no es generar miedo, sino exigir a las autoridades no solo locales, sino también departamentales y provinciales que intervengan como corresponde para que el instituto funcione con transparencia, respeto y apego a las normas. No queremos que todo se siga manejando de forma arbitraria, con un director que traiciona la confianza de sus estudiantes y con el respaldo de quienes le permiten hacer este tipo de maniobras.
Queremos un instituto donde la educación y la integridad estén por encima de cualquier interés personal o juego de poder.
Estudiantes del Instituto Superior N°23 “Elisa Damiano”.
