La defensa del exfiscal Diego Rodríguez y Barros presentó un recurso de inconstitucionalidad contra su remoción y cuestionó distintos aspectos del procedimiento disciplinario que culminó con la decisión de la Legislatura.
El planteo judicial sostiene que durante el proceso se habrían producido irregularidades vinculadas con la valoración de la prueba, el desarrollo de las audiencias testimoniales, el ejercicio del derecho de defensa y la formación de la voluntad del órgano legislativo que resolvió la destitución.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos. Según sostiene la defensa, los legisladores que participaron de la votación no habrían tenido acceso previo al contenido del documento, que recomendaba la remoción del fiscal.
De acuerdo con el recurso, esta situación habría quedado expuesta durante la propia sesión legislativa, cuando un diputado manifestó su abstención argumentando que el dictamen había sido firmado poco antes de la votación y no había sido entregado con anterioridad para su lectura.
La defensa considera que esta circunstancia podría haber afectado el proceso de formación de la voluntad del órgano que tomó la decisión, dado que el dictamen contenía la valoración de los cargos, las pruebas y los argumentos presentados durante el procedimiento.
CUESTIONAMIENTOS A LA PRUEBA TESTIMONIAL
Otro de los ejes del recurso está relacionado con las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente disciplinario.
La defensa sostiene que había planteado objeciones respecto de determinados testigos y cuestionado las condiciones en las que se recibieron algunas declaraciones. Entre otros aspectos, señala que no se habrían cumplido determinadas formalidades y que no se habrían realizado preguntas vinculadas con las denominadas generales de la ley.
También cuestiona especialmente las declaraciones de integrantes de la Fiscalía de San Jorge, que se habrían realizado de manera remota. Según la presentación, varios testigos habrían utilizado un mismo dispositivo y, durante esas audiencias, la defensa no habría podido formular preguntas ni repreguntas.
El recurso sostiene que estas circunstancias afectaron el derecho de la defensa a controlar la prueba y que, pese a los planteos realizados oportunamente, las objeciones no habrían sido resueltas antes de que la Comisión de Acuerdos emitiera su dictamen.
LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DESCARGO
La defensa también cuestiona la forma en que fueron consideradas las pruebas aportadas para controvertir las acusaciones.
Según sostiene, durante el procedimiento se presentaron elementos destinados a cuestionar cada una de las imputaciones, pero esas pruebas no habrían sido debidamente analizadas ni en el dictamen de la Comisión de Acuerdos ni en la decisión final.
El planteo señala que se formularon conclusiones vinculadas con presuntos hechos de fraude, utilización indebida de sistemas informáticos, conductas hostiles y desobediencia, pero que no se habrían explicado de manera suficiente las razones por las cuales se descartaron los elementos aportados por la defensa.
Asimismo, cuestiona la valoración de distintas pruebas de la acusación, a las que atribuye contradicciones u objeciones que, según sostiene, tampoco habrían sido debidamente analizadas.
EL VÍNCULO CON LA INVESTIGACIÓN PENAL
Otro de los argumentos planteados está relacionado con una investigación desarrollada en el ámbito penal por hechos vinculados con las mismas imputaciones.
La defensa sostiene que, transcurridos varios meses desde el inicio de esa investigación, no se habría formulado una acusación penal por considerar que no estaban reunidos los elementos necesarios para hacerlo.
A partir de esa situación, cuestiona que elementos similares hayan sido utilizados posteriormente dentro del procedimiento disciplinario como fundamento de la sanción.
En su presentación, la defensa invoca además el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, relacionado con la aplicación de garantías del debido proceso en procedimientos administrativos que pueden derivar en sanciones.
CUESTIONAN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA DECISIÓN
El recurso sostiene que todas estas situaciones confluyen en un cuestionamiento central: la supuesta falta de fundamentación suficiente de la decisión que dispuso la remoción.
Según la defensa, la resolución no habría explicado de manera adecuada por qué fueron descartados determinados argumentos y elementos de prueba presentados por Rodríguez y Barros, ni habría respondido a cuestiones planteadas durante el trámite disciplinario.
En ese sentido, el planteo diferencia entre la posibilidad formal de presentar una defensa y una efectiva valoración de los argumentos y pruebas aportados.
La defensa sostiene que una decisión sancionatoria debe explicar las razones por las cuales considera acreditados los hechos imputados y, al mismo tiempo, por qué descarta los elementos que podrían controvertir esas conclusiones.
EL PLANTEO JUDICIAL
De esta manera, el recurso presentado por Rodríguez y Barros no se limita a cuestionar la sanción en sí misma, sino que pone bajo análisis distintos aspectos del procedimiento que culminó con su remoción.
Entre ellos se encuentran el acceso de los legisladores al dictamen de la Comisión de Acuerdos, las condiciones en las que se produjeron determinadas declaraciones testimoniales, la posibilidad de la defensa de controlar esa prueba, la valoración de los elementos de descargo y la fundamentación de la decisión final.
El planteo deberá ser analizado en sede judicial, donde se determinará el alcance de los cuestionamientos formulados y la validez constitucional del procedimiento y de la decisión adoptada.
