Por Julián Obregón – Abogado
En nuestra región, el motor absoluto de la economía tiene una particularidad: más del 80% de las pymes, industrias y establecimientos agropecuarios son empresas familiares. Es decir, son proyectos que nacieron del esfuerzo de un fundador, que crecieron a base de reinvertir cada ganancia, y que hoy sostienen el empleo local.
Sin embargo, las estadísticas a nivel mundial demuestran un dato poco alentador: solo el 30% de las empresas familiares sobrevive a la segunda generación, y apenas un 10% llega a la tercera. ¿Por qué empresas que son sumamente rentables y exitosas en lo comercial terminan desapareciendo, desmanteladas o vendidas a un precio irrazonable?
La respuesta casi nunca es una crisis económica del país, sino una crisis interna. La falta de planificación legal en el recambio generacional es la verdadera amenaza.
El riesgo de «dejar todo como está»
El momento más crítico para el patrimonio familiar llega cuando la generación fundadora debe dar un paso al costado. Si no hay reglas escritas, los problemas estallan: un hijo trabaja de sol a sol en la empresa pero cobra lo mismo que el hermano que vive en otra ciudad; los herederos políticos (yernos, nueras) empiezan a opinar sobre el negocio; o el fallecimiento repentino del fundador desata un juicio sucesorio interminable que bloquea las cuentas bancarias y obliga a vender maquinarias o hectáreas para pagar impuestos y llevar adelante un costoso litigio.
Dejar el futuro de la empresa a la suerte o a la buena relación que hay en la familia en un momento determinado es un riesgo patrimonial altísimo. No se trata de la desconfianza hacia los más cercanos, sino de aprovechar esa confianza para marcar un horizonte común, proponer metas y objetivos, y estructurar de la mejor manera la fuente de ingresos de la familia y de muchos vecinos que pueden ser empleados de esa empresa.
Las herramientas: Cómo planificar la continuidad
El derecho corporativo moderno ofrece soluciones específicas para que la empresa trascienda a sus fundadores de manera ordenada, asegurando el capital y garantizando la paz familiar. Las dos herramientas principales son:
I. El Protocolo de Empresa Familiar
En simples palabras, es un “contrato de familia”. Es decir, es un acuerdo legal, redactado a medida, donde todos los miembros se sientan en la mesa para fijar las reglas de juego antes de que haya conflictos. Allí se define: ¿Quiénes pueden trabajar en la empresa y bajo qué requisitos? Por ejemplo, puede dejarse establecido que sólo los integrantes de la familia que cuenten con un título universitario o que tengan cierta experiencia previa en el rubro puedan acceder. También, puede definirse: ¿Cómo se fijan los sueldos de los familiares para no descapitalizar la firma? O, ¿Cuál es la política para el ingreso de parientes políticos? En definitiva, establecer todo esto en tiempos donde el conjunto familiar tiene una proyección sin conflictos y donde todos comparten un horizonte, es una forma de prevenir futuros dolores de cabeza, tanto personales como legales y/o económicos.
II. La Reorganización Patrimonial en Fideicomisos y/o Sociedades
El error estructural más grave en nuestra región es lo que llamamos la «economía a nombre propio», es decir, tener los inmuebles, la maquinaria y la operatoria comercial bajo la misma persona física. Bajo este esquema, si la empresa sufre un revés comercial inesperado o enfrenta un juicio laboral importante, todo ese patrimonio a nombre de esa persona responde por la deuda que puede generarse.
El Derecho Corporativo moderno resuelve esto dividiendo inteligentemente las aguas. Por ejemplo, podríamos pensar en una empresa familiar se dedica a determinado rubro (producción agropecuaria, construcción, producción industrial, etc.). Ante este supuesto, se podría “encapsular” el “capital pesado” (como la tierra, los inmuebles o las maquinarias) dentro de un Fideicomiso, creando un escudo jurídico que lo vuelve intocable ante embargos u obligaciones comerciales. Por otro lado, el riesgo del día a día (como la siembra, la contratación de personal o la toma de créditos) lo asume una sociedad operativa independiente que se constituye con ese objeto y que es manejada por la familia.
Pero el beneficio definitivo de esta estructura se demuestra en el recambio generacional. Al estar “encapsulada” la propiedad, se deja de lado la necesidad de un juicio sucesorio. En definitiva, la familia no sufre el congelamiento de cuentas bancarias en plena campaña agrícola o en plena producción industrial ni debe gastar millones de pesos en honorarios y tasas de justicia. La transición del mando y el reparto de ganancias se activan de forma automática, garantizando que el motor productivo siga operando al 100% y evitando que la empresa se fragmente en piezas improductivas por conflictos entre herederos.
El momento de actuar es hoy
La planificación patrimonial no debe hacerse en medio de una crisis o en la urgencia. Es un trabajo de «ingeniería legal» que requiere serenidad y aplomo. Sentarse hoy a organizar el futuro legal de la empresa familiar no es pensar en el final; es el acto de mayor responsabilidad y amor empresarial que un fundador puede tener para que el trabajo de toda su vida siga siendo motor de riqueza para las próximas generaciones.
