El Dr. Martyniuk se refirió a la acusación que la Legislatura formuló al Fiscal Rodríguez y Barros, a quien defiende, haciendo saber que “es totalmente infundada y falaz y que ya fue contestada en tiempo y forma”.
El abogado Dr. Sergio Martyniuk brindó declaraciones en relación a la situación del Fiscal Adjunto Dr. Diego Rodríguez y Barros, luego de que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura Santafesina le cursara un escrito de acusación por cuestiones disciplinarias.
En ese marco, Martyniuk sostuvo que la acusación “es totalmente infundada y falaz” y aseguró que “ya fue contestada en tiempo y forma”, remarcando además que el escrito presentado por la Legislatura “está lleno de irregularidades, ilegalidades y de un total y llamativo desconocimiento de la causa”.
El letrado calificó el hecho como “gravísimo” teniendo en cuenta la responsabilidad institucional del órgano legislativo y afirmó que “esta es la reacción del Estado ante la imposibilidad de avanzar en el fuero penal por inexistencia de evidencias objetivas”.
Asimismo, advirtió sobre lo que definió como “un riesgo institucional silencioso” en la provincia de Santa Fe y señaló que “hoy no está en juego solo la situación de un fiscal sino algo mucho más profundo: la vigencia real del Estado de Derecho”.
“Cuando el poder político utiliza su posición para construir acusaciones sin sustento, cuando se introducen evidencias cuestionables o directamente falsas y cuando además se intenta limitar e incluso impedir el ejercicio del derecho de defensa, se cruza una línea peligrosa”, expresó.
En ese sentido, indicó que “no se trata de un conflicto individual, sino de un precedente”, y agregó que “si a cualquier ciudadano o funcionario se le puede impedir defenderse adecuadamente, entonces nadie está verdaderamente protegido”.
Martyniuk también cuestionó el accionar institucional al manifestar que “si los poderes del Estado, en lugar de controlarse entre sí, actúan coordinadamente sin límites claros, el sistema deja de ser una garantía y se convierte en una amenaza”.
Finalmente, sostuvo que “el derecho de defensa no es un privilegio, sino una garantía básica”, y afirmó que su vulneración “debilita la confianza de toda la sociedad en la justicia”.
“Santa Fe necesita instituciones fuertes, pero sobre todo instituciones justas. Sin eso, la seguridad jurídica se transforma en una ilusión”, concluyó.
