La iniciativa impone un reempadronamiento obligatorio con suspensión automática para quienes no cumplan, elimina el nomenclador de prestaciones y desregula la negociación por obra social.
El Poder Ejecutivo nacional ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley que modifica en forma sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 -que el propio gobierno incumple pese a fallos judiciales- bajo el nombre «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez». Organizaciones de discapacidad de Córdoba lo califican como la mayor arremetida contra la universalidad del sistema desde que asumió Javier Milei, en un escenario agravado por la causa judicial que investiga presuntas coimas en la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con menciones explícitas a Karina Milei.
La iniciativa, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con suspensión automática del beneficio -y eventual baja- para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.
Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.
Uno de los puntos más controvertidos es la «incompatibilidad absoluta» que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.
El ingreso por el Senado y la estrategia legislativa
El Gobierno optó por ingresar el proyecto por el Senado porque considera que la conformación de una mayoría es más sencilla allí que en Diputados. En ese contexto, se espera una fuerte tensión en los bloques aliados del oficialismo, que el año pasado votaron a favor de la ley de emergencia en discapacidad.
La misma estrategia de presentar una nueva ley cuando hay obligaciones judiciales incumplidas ya fue utilizada con la Ley de Financiamiento Universitario: el Ejecutivo busca ganar tiempo a través del debate parlamentario mientras evade la aplicación de la normativa vigente.
